El 8 de febrero de 2022, tanto los órganos de gobierno de la Patronal (CEOE) como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han manifestado su rechazo por unanimidad ante la propuesta de aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en 2022, en medio de la tempestad post-crisis sanitaria por el COVID-19, todavía surcando momentos económicos de incertidumbre con la esperanza de que se recuperen los niveles de negocio en 2023, como antes de la crisis.
Así, ambas organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME han recalcado que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha conseguido recuperar los niveles de 2019, todavía falta mucho para que el excedente bruto de explotación normalice su situación, el cual continúa siendo un 6,6% inferior al de entonces, lo que implica que las empresas van a un ritmo que se puede considerar muy lento respecto a la recuperación de la normalidad, un claro un reflejo de la tan complicada situación que sigue experimentando el tejido empresarial en nuestro país.
De este modo, una nueva subida del SMI contribuiría a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas y empresarios, en especial las PYMES, lo que, sumado a otras posibles dificultades tales como el encarecimiento de las materias primas, básicas para el crecimiento económico, llevarían a una ralentización del dinamismo económico en un futuro próximo, y, por tanto, a una menor creación de empleo, sumándose a ello la subida previa del 30% en el SMI desde 2019, además de la de septiembre del 2021, conformando así un coste total por empleado para las empresas muy superior a los 1.167 euros mensuales que se han barajado sobre la mesa, y que sobrepasaría los 1.500 euros de llegar a aprobarse.
En definitiva, la propuesta del Gobierno es inasumible, según la opinión de CEOE y CEPYME, para sectores especialmente vulnerables como son el agroalimentario, textil, limpieza, y la hostelería.
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