La semana pasada el Gobierno, las organizaciones sindicales UGT y CC.OO. y las patronales CEOE y CEPYME alcanzaron el V Acuerdo Social en Defensa del Empleo, materializado en la publicación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, con las siguientes prórrogas -hasta el 30 de septiembre de 2021- más relevantes en el ámbito laboral:
- Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) basados en causas de Fuerza Mayor
- Los ERTEs por impedimento o limitación de actividad, en los términos de las resoluciones por las que fueron autorizados, con variaciones en cuanto a la exoneración de cuotas a la Seguridad Social
- Los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP)
- Los límites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos y la transparencia fiscal
- El mantenimiento de la salvaguarda de empleo
- La llamada “prohibición de despedir”
- Los límites en relación con la realización de horas extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizaciones
La prórroga de estas medidas de flexibilidad que se han ido adoptando se complementa con otras medidas en materia de protección por desempleo, así como medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Por otro lado, nos encontramos con instrumentos que favorecen la incorporación de colectivos más vulnerables al mercado laboral, igual que medidas de protección a determinados colectivos que por las peculiaridades del desempeño de su profesión tienen dificultades para acogerse a los mecanismos generales de cobertura de prestación por desempleo (como puede ser el sector de la cultura). Por último, mencionar la prórroga del Plan MECUIDA, por el que se contemplan medidas de conciliación familiar y laboral con motivo del COVID-19.
Todas las medidas adoptadas en este nuevo Real Decreto-ley, con especial referencia a los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo, así como el conjunto de medidas sociales y complementarias que los acompañan, se fundamentan en que han demostrado su eficacia y efectos favorables, garantizando la preservación del tejido empresarial y la protección de los trabajadores a través de la mejora de las condiciones prestacionales reguladas por la legislación ordinaria y, sobre todo, a través de impulsar el mantenimiento del empleo.
