Resulta de vital importancia subrayar la necesidad de una sólida alianza entre Abogacía y PYMES para poder continuar avanzando hacia un desarrollo sostenible, además de con el resto de los actores sociales. Así lo aseguraron en el debate “Sostenibilidad y ODS: la aportación de la Abogacía y las PYMES”, organizado por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Barcelona, en el cual participaron Begoña Gómez, directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid; José María Torres, presidente de CONPYMES; y Cristina Ruiz Pérez, abogada, consejera de IASE España y consultora en sostenibilidad.
La Abogacía institucional “tiene el deber de fomentar el sentido de la responsabilidad y asumir compromisos encaminados al desarrollo económico y social. Y para garantizarlos, debe cerrar filas en su cumplimiento junto al resto de actores sociales”, aseguró Carlos Fuentenebro, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, mencionando específicamente el ODS 16, dirigido a “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. “La Abogacía está plenamente comprometida con el fomento de la convivencia y la cohesión social, por la consolidación de un modelo de justicia garantista, sólido e inclusivo, y tiene entre sus prioridades el fomento de la transparencia y el buen gobierno”, declaró. De esta manera, el ejercicio de la Abogacía resulta una palanca de cambio crucial por su doble papel “de agentes del cambio y garantes de los derechos de las personas, su inclusión y equidad”.
Asimismo, José María Torres se refirió al papel decisivo que juegan las PYMES, “que suponen el 99,8% del tejido empresarial español”, mencionando la imperiosa necesidad de actuar por sectores para poder generar un “impacto para la sociedad”, respaldado por el ODS 5 y la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades. “Es una cuestión de justicia social, pero también de impacto económico”, destacó Cristina Ruiz como conclusión.
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